Pueblos originarios, 516 años después

Mientras el continente americano celebró ayer 516 años de su descubrimiento, descendientes de los pobladores originarios argentinos que sobrevivieron al exterminio luchan, envueltos en la pobreza, por permanecer en los suelos que históricamente habitaron.
Las comunidades no sólo enfrentan una distancia entre la letra de la Constitución y otros tratados a los que la Argentina adhirió y su aplicación, sino también la pérdida de sus espacios originales, que deriva en el desarraigo cultural, discriminación y autodiscriminación por la necesidad de adaptarse a otro modo de vida.
Su ancestral cultura, creencias, hábitos y espacios por donde se desenvuelven están siendo cinco siglos después nuevamente socavados, pero ya no por colonizadores españoles sino de la mano de grandes terratenientes locales y dueños de multinacionales.
Ya sea por la soja, el petróleo, los minerales o los hidrocarburos, miles de hectáreas de bosques nativos han sido arrasadas a lo lago y ancho de todo el país, fundamentalmente en los últimos años.
Pero esa deforestación no sólo implica una amenaza para la naturaleza y el medio ambiente, sino el despojo y desarraigo de cientos de familias indígenas, que además combaten diariamente las consecuencias de vivir en la pobreza, enmarcados en el desinterés de los gobernantes.
El caso más crítico lo padecen los representantes de los pueblos tobas, wichí y mocobí en Chaco, donde la muerte de alguno de sus integrantes por la pobreza extrema ‘es cosa de todos los días‘, afirma a Noticias Argentinas Bashenuhem, corresponsal de la Red Indígena de Chaco.
Pero con el agravante de que ‘ya no sólo se llevan la vida de nuestros adultos mayores‘ sino que ahora ‘también se nos están muriendo los más chicos, enterrando toda posibilidad de futuro de nuestra cultura‘, advirtió la joven.
Este flagelo, pero en menor grado, también lo sufren los descendientes de los pueblos originarios del resto de las provincias del norte del país.
En Jujuy, por ejemplo, los productores de los tres ingenios azucareros más importantes de la provincia compraron el grueso de las tierras útiles, donde habitaban las poblaciones guaraní y coya, entre otras cuatro etnias más chicas.
El resultado fue la migración de esas comunidades a las zonas periféricas de las urbes, residiendo en condiciones muy precarias, de hacinamiento, escasez de servicios y rotando por trabajo precario entre el campo -cuando hay cosecha de cañas- o a la ciudad u otras provincias haciendo changas.
‘En Jujuy somos alrededor de 60 mil la población descendiente de comunidades originarias, y sólo al pueblo guaraní -unos 22 mil integrantes- los ingenios nos arrebataron 11 mil hectáreas, de las cuales 5800 logramos recuperar, 4000 con títulos de propiedad entregados a mano, pero los 1800 restantes siguen siendo disputados con un productor de granos‘, contó Víctor Hugo, referente del pueblo guaraní.
Pero pese a haber recuperado parte de sus tierras, ‘sufrimos la falta de estructuras adecuadas como caminos, agua y energía para lograr el desarrollo pleno de nuestra comunidad, y nada hacen los gobernantes para modificar esta situación‘, reclamó.
La educación es otro punto crucial. No sólo acceden apenas a la enseñanza primaria, porque las escuelas secundarias casi no existen en el ámbito rural, sino que, a pesar de que la nueva Ley de Educación retoma el derecho a la enseñanza de las lenguas originarias, ‘ello prácticamente no se cumple en la mayoría de los establecimientos‘, señaló Víctor Hugo.
El algunas escuelas de la Puna jujeña, por ejemplo, nada se enseña sobre la historia de los pobladores originarios, pero sí de Europa y Asia.
En el Chaco, donde el 80 por ciento de la matrícula primaria es wichí, no se aprende a partir del idioma originario sino el castellano, que es algo así como ‘la lengua oficial‘ y, además, el inglés es un contenido obligatorio.
En la Argentina existen 1700 escuelas primarias (o de EGB) y 900 secundarias (o Polimodal) con estudiantes de los pueblos originarios.
Pero aún no se sabe cuántos son los chicos aborígenes en edad escolar ni cuántos asisten a establecimientos que cumplen con la educación bilingüe e intercultural. Incluso se estima que sólo el 10 por ciento de los niños y niñas indígenas, o menos, accede a la educación.
‘Alrededor del 30 por ciento de los chicos logran completar el secundario porque las familias tienen que hacer un sacrificio enorme, y a puro pulmón, para costear todos los gastos que implica tener que estudiar y vivir en la ciudad‘, precisó la joven toba de la Red Indígena.
En la región austral de la Argentina, el panorama es muy similar ‘con la diferencia que acá nosotros no podemos vivir en una casilla de cartón porque sino no resistiríamos las bajas temperaturas y, en ese sentido, no pasamos las urgencias de nuestros hermanos del norte, pero sí también sufrimos la pobreza, el desempleo y la discriminación ya que no es posible conseguir empleo cuando saben que sos descendiente‘, comentó Mauro Millán, de la organización indígena de Chubut 11 de Octubre.
De acuerdo al reretrafe (realizador de platería mapuche), la venta de tierras fiscales en la Patagonia básicamente a compañías internacionales, como el caso de la italiana Benetton -más de 900 mil hectáreas de Chubut están en sus manos- ‘es la perpetración del genocidio iniciado por los españoles, seguido después con la campaña del desierto, y ahora por los grandes terratenientes, sin tener nosotros la posibilidad de ser considerados al menos por la Justicia‘.
En Río Negro, ‘hay una negación rotunda de los funcionarios locales por reconocernos como comunidad, por hacer valer nuestros derechos, consagrados en la Constitución y en el convenio 169 de la OIT adherido por la Argentina hace algunos años. El pueblo mapuche denunciamos constantemente que con la venta de las tierras que habitamos de siempre se está llevando la misma política de la campaña del desierto. Nos están matando de a poco‘, sostuvo Chacho Liente, del Consejo Asesor Indígena.
Ocurre que para los pobladores originarios la búsqueda de permanecer en el campo, monte o bosque ‘no quiere decir que queremos ser productores, sino preservar nuestra identidad que se constituye como tal sólo en este ámbito. Nosotros tenemos un vínculo ancestral con a Tierra Madre único, que no puede ser concebido en las urbes, donde morimos‘, afirmó contundente Mauro Millán.
Así, las comunidades siguen bregando por la defensa de su patrimonio cultural: ‘Nos impusieron leyes de vida que nada tienen que ver con la tradición milenaria de nuestros pueblos‘, agregó el integrante de la organización 11 de octubre.
Por su parte, Marcelo Luna, de la comunidad charrúa de Entre Ríos, fue aún más fuerte en su afirmación: ‘El Estado nos apoya cuando se trata de reconocer nuestros derechos porque hoy reconocer derechos de los indígenas está bien visto, es políticamente correcto, pero de ahí a la práctica hay una distancia muy lejos‘.
‘La convención constituyente que acaba de finalizar en Entre Ríos aprobó los derechos de los pueblos originarios de esta provincia, pero pasarán años para que se ponga en practica la devolución inmediata del territorio como dice en la nueva constitución, y lo mismo con la educación bilingüe. La reglamentarán el día que haya funcionarios educados para la interculturalidad‘, consideró Luna.
Como conquistas, todos los pobladores consultados coincidieron en destacar la toma de conciencia, especialmente en los últimos cuatro años, de las comunidades sobre la importancia de salir a luchar y hacer valer sus derechos.
‘Pese a todo el panorama desolador, las comunidades no perdemos esa chispa de esperanza de recuperar y hacer permanecer nuestra larga tradición‘, resumió Chelo Liente.

Rosalía Costantino

Sección Integración Fecha 13 de octubre de 2008 NA

Enlace: http://regionnortegrande.com.ar/?articulo=1420

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